Tomohiro Kato mató en Tokio a siete personas e hirió a otras 10 embistiéndolas con un camión o a puñaladas. Japón es junto a EE UU el único país del G-7 que aplica la pena capital.

Japón ajustició al autor de un crimen que conmocionó a la sociedad. El país del sol naciente, el único miembro del G-7 junto a Estados Unidos que aún aplica la pena capital, ejecutó a Tomohiro Kato, conocido popularmente como el asesino de Akihabara, quien en 2008 mató a siete personas e hirió a otras diez en ese bullicioso barrio tokiota. El Ministerio de Justicia anunció que Kato, de 39 años, fue ejecutado en la horca, en el centro de detención de la capital donde estaba preso. Tras una pausa de dos años, esta nación asiática recuperó la aplicación de la pena capital el pasado diciembre, dos meses después de que el primer ministro, Fumio Kishida, asumiese su cargo. Tras este ajusticiamiento, el número total de reclusos a la espera en el corredor de la muerte en Japón asciende a 106.

El ministro de Justicia, Yoshihisa Furukawa, informó en una rueda de prensa de que, “basándose en la deliberación de los tribunales”, el pasado viernes firmó la orden de ejecución después de “una exhaustiva y cuidadosa reflexión”. El titular de Justicia se ha mostrado partidario de la pena de muerte “para crímenes que acarrean graves consecuencias” desde que ocupó su puesto en octubre de 2021. Furukawa aseveró que Kato “preparó meticulosamente” el ataque y mostró su “firme intención de asesinar” en 2008. “Fue un caso muy doloroso, que impactó gravemente la sociedad, pues privó a siete personas de sus valiosas vidas”, añadió.

El 8 de junio de 2008, Tomohiro Kato, entonces de 25 años, irrumpió con un camión alquilado en el barrio tokiota de Akihabara, uno de los lugares más frecuentados por los turistas que visitan la capital japonesa por ser una meca de la tecnología, el manga y el anime. Aquel domingo, Kato embistió a la multitud en su calle principal –ese día, cortada al tráfico; ahora, peatonal los domingos– y, tras atropellar a cinco personas (de las que tres fallecieron), se bajó del vehículo y apuñaló a una docena de viandantes, de los que murieron cuatro. Cuando fue arrestado, dijo a la policía: “vine a Akihabara para matar a gente. Estoy cansado del mundo. Cualquier persona me valía”.

La masacre de Akihabara es uno de los crímenes de Japón más recordados. Kato fue condenado a muerte en 2011 por un tribunal de primera instancia de Tokio, tras considerar que estuvo motivado por la rabia. A pesar de que el reo mostró arrepentimiento en los juicios, el Tribunal Supremo rechazó en 2015 la apelación de sus abogados, quienes habían alegado que Kato no estaba en pleno control de sus facultades mentales en el momento de los hechos, a causa de estrés psicológico severo.

De acuerdo con los medios locales, Kato creció en el seno de una familia adinerada. A pesar de que se graduó en un buen instituto, no aprobó el examen de acceso a la Universidad y terminó formándose como mecánico. Según el diario Japan Times, nunca tuvo un trabajo estable y pasaba las horas conectado a internet, aislado del mundo. Tras los juicios se reveló que su odio fue en aumento debido a la falta de repercusión de los comentarios que publicaba en foros en línea, donde adelantó que le gustaría perpetrar una masacre.

La de este martes es la segunda ejecución bajo el mandato de Fumio Kishida, después de que el pasado 21 de diciembre tres prisioneros condenados por homicidio fuesen ajusticiados en la horca. La anterior había tenido lugar en diciembre de 2019. Esos dos años que transcurrieron sin que se aplicara la pena capital coincidieron con el inicio de la pandemia de covid-19 y la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, originalmente previstos para 2020.

A pesar de las críticas que suscita el uso de la pena de muerte en muchos países industrializados, el Gobierno japonés es un firme defensor de esa condena. El subsecretario jefe del gabinete, Yoshihiko Isozaki, comentó este martes que “es inevitable imponer la pena de muerte para crímenes atroces y de gravedad” y que “no es apropiado” abolirla, dado que se siguen produciendo este tipo de delitos. El Ejecutivo se respalda, además, en que las encuestas que maneja señalan que “la mayoría del pueblo nipón está a favor de la pena de muerte en casos crueles”.

Organizaciones en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional apuntan que el procedimiento en Japón está rodeado de un halo de silencio y que priva a los condenados a muerte de la oportunidad de reflexionar sobre sus crímenes. También exigen una mayor transparencia con el calendario de las ejecuciones, pues denuncian que es habitual que se lleven a cabo avisando a los sentenciados apenas unas horas antes de que se produzcan o incluso sin advertírselo.

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