La jueza Alicia Pedrozo ordenó la prisión preventiva del legislador Ulises Quintana siendo uno de los argumentos el peligro de obstrucción en la investigación. Tras la revisión de medidas, queda pendiente fijar fecha para elevar la causa a juicio oral.

El legislador Ulises Quintana volverá a la cárcel luego de que la jueza Alicia Pedrozo ordenó su prisión preventiva en el Penal de Viñas Cué. Hoy, el juzgado realizó la revisión del pedido de revocatoria de prisión solicitada por la defensa de Quintana, se ordenó una audiencia de revisión para analizar los fundamentos.

Pedrozo, quien esta mañana fue recusada por los abogados del legislador, afirmó que las resoluciones son modificables y apelables. Indicó que el juzgado encontró elementos para aplicar al prisión preventiva siendo uno de ellos que existe el peligro de obstrucción y se tiene en cuenta ese supuesto hasta la conclusión del juicio.

Debido a la recusación de Quintana a Pedrozo, en el día de recepción de documentos, queda suspendida hasta que sea resuelta, explicó la magistrada.

Tras la revisión de medidas queda pendiente la realización de la audiencia preliminar para elevar el caso a juicio oral.

Después de pasar 10 meses en Viñas Cue, Quintana quedó en libertad mediante la resolución de la jueza Magdalena Narváez, quien para tomar la decisión consideró que no existe obstrucción a la investigación ni peligro de fuga.

El Ministerio público cuestionó esta disposición y consideró que no se produjeron “elementos nuevos, suficientemente acreditados” para concederle la libertad, después de que el Tribunal de Apelaciones no aceptara la petición presentada en febrero por su defensa para revocar la prisión preventiva.

Entre las irregularidades identificadas, la Fiscalía denunció que la Justicia haya aceptado como garantía 18 inmuebles de Quintana que “no tiene la capacidad de disponer”, ya que han sido embargados todos sus bienes y cuentas bancarias por el juzgado.

Asimismo, señaló que se la otorgó al diputado un plazo de 15 días para presentar las condiciones de los inmuebles, a pesar de que es un requisito que ya debía haberse solicitado a la defensa del acusado como parte el proceso judicial.

Quintana está imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, asociación criminal, y lavado de dinero.