Un juzgado penal de garantías impuso prisión preventiva para un policía imputado por colaborar supuestamente con una organización criminal, estructurada para dedicarse al tráfico de sustancias estupefacientes y al armatráfico, al Brasil.

La jueza Rosarito Montanía, del Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado del Tercer Turno de la capital, dispuso la prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional para el Sub Oficial Inspector de Prevención y Seguridad Rigoberto René Ramírez Bazán, imputado por los supuestos hechos punibles de asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal y cohecho pasivo (coima).

El sub oficial Ramírez Bazán también está imputado por los artículos 33 y 39 de la Ley N° 1840/88 que reprime el tráfico de drogas, en calidad de autor.
La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Montanía por Auto Interlocutorio (A.I.) N° 21 del 24 de enero de 2023 en la causa caratulada “Rigoberto René Ramírez Bazán s/ asociación criminal y otros”.
Defensa de policía pidió medidas alternativas
En la audiencia de imposición de medidas, el defensor público Francisco Acevedo, se limitó a cuestionar el acta de imputación afirmando que el relato fáctico es vago y carece de nexo causal con los hechos punibles imputados.
La defensa solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva a favor de su representado, alegando que Rigoberto Ramírez Bazán, posee arraigo dentro del país y que no tiene intenciones de obstruir la investigación.
Por su parte, el fiscal Federico Delfino solicitó prisión preventiva para el policía imputado.
Juzgado considera pertinente prisión preventiva La jueza penal de garantías Rosarito Montanía consideró para dictar la prisión preventiva que en la investigación existirían suficientes elementos de convicción para considerar que el imputado Rigoberto René Ramírez Bazán, sería responsable de la comisión de los hechos punibles mencionados, teniendo en cuenta que se hallan agregados en el expediente elementos sobre su presunta participación en los ilícitos investigados.
El juzgado también dijo que en el marco de la investigación realizada por el Departamento de Lucha Contra el Crimen Organizado y la Cooperación Internacional con los pares del Brasil, se pudo individualizar a Rodríguez (41 años), originario de la Colonia Cristino Potrero, de Capitán Bado, Amambay, como líder de una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes desde nuestro país hacia la República Federativa del Brasil, quien es considerado como el principal narcotraficante de Capitán Bado.
Según el Ministerio Público, Escurra Rodríguez, se dedica al cultivo, producción y procesamiento de marihuana, así como el acopio de productores más pequeños de la zona con fines de envío al exterior, así como también la comercialización de armas de fuego a otras organizaciones trasnacionales y de vehículos de origen ilegal.
Presuntamente esta organización que dirige Escurra Rodríguez está integrada aproximadamente por más de veinte personas en la que se cita a secretarios, custodios, colaboradores y personas ubicadas en lugares estratégicos, miembros de fuerzas de seguridad del Estado, entre los que se encuentra el Sub Oficial Inspector de la Policía Nacional Rigoberto Ramírez.

Imputado era “campana” y daba protección a narcos, según MP
Respecto a la participación de Rigoberto René Ramírez Bazán, el Ministerio Público (MP) sostiene que en su condición de personal policial con el grado Sub Oficial Inspector de Prevención y Seguridad, estaba alistado para alertar a la organización sobre la presencia, movimiento de personas y vehículos extraños que se desplazaban por el sitio de influencia del grupo criminal (Capitán Bado y compañías aledañas) a fin de evitar, que tanto el líder Felipe Escurra como los demás integrantes de la organización criminal, sean capturados y de esa forma poder eludir a la justicia, refiere el Ministerio Público.

Con el objeto de cumplir con el rol que le fuera encomendado por la organización, Ramírez Bazán utilizaba un número de celular desde cual se comunicó en varias ocasiones con el número telefónico utilizado por Floriano Escurra, alias Cabayú o Kabajú, quien se desempeñaría como lugarteniente o mano derecha del líder de la organización y prófugo de la justicia Felipe Escurra Rodríguez, haciéndolo a cambio de dádivas, consistente en dinero en efectivo, presumiblemente por la información proporcionada, dice la imputación.
Falta de arraigo y caución suficiente
La jueza Montanía cuestionó que el imputado no haya adjuntado las documentaciones que acrediten suficientemente el arraigo del procesado Ramírez Bazán, las que se hallan determinadas no solo por un trabajo estable, sino además por una familia bien constituida y un domicilio fijo,. Tampoco se ha ofrecido cauciones suficientes que garanticen la sujeción del mismo a las resultas del proceso penal y por sobre todo, que proporcione seguridad a la magistrada de que el imputado no va a sustraerse del proceso.

Alta expectativa de condena
Asimismo, el juzgado consideró que hay una alta expectativa de pena en caso de haber una condena por el concurso de hechos punibles, por lo que en estas condiciones no existen garantías, que acrediten razonablemente que con la aplicación de otras medidas menos gravosas, el peligro de fuga pueda ser evitado.
Las posibles penas en caso de recaer una condena, de acuerdo a los hechos punibles van de 6 meses hasta 20 años de prisión.
Igualmente, sostuvo la jueza Montanía, que el imputado reside en una zona fronteriza, en la que existen mayores posibilidades de que el mismo pueda ocultarse o fugarse y de ese modo evitar que el proceso siga su curso.
De igual manera, se argumentó que estas actividades delictivas, son cometidas por estructuras organizadas, que tienden a generar estrategias y métodos para favorecer la fuga de sus pares y contribuir en la obstaculización probatoria.

Reserva de actuaciones
Ante el pedido de reserva de actuaciones que realizó el fiscal Federico Delfino a base de lo que dispone el artículo 323 del Código Procesal Penal (CPP), que textualmente dice: “Ministerio Público podrá solicitar al juez, sólo una vez, la reserva parcial de las actuaciones por un plazo que no podrá exceder los diez días corridos, siempre que sea imprescindible para la eficacia de un acto durante la investigación. La reserva de las actuaciones establecidas en este código, sólo podrá ser invocada a beneficio de la investigación y nunca en perjuicio del ejercicio de la defensa”.
La jueza Montanía luego de analizar los argumentos expuestos por el agente fiscal y teniendo en cuenta que la presente investigación se encuentra en un estado incipiente, en la que aún existen varias diligencias indispensables, que por la complejidad del caso, se encuentran pendientes de realización por parte de los investigadores; la magistrada dio curso favorable al pedido.
La magistrada indicó que con la reserva de actuaciones el Ministerio Público podrá avanzar en las averiguaciones y de esta forma se evitará la fuga de información, que ponga en peligro el éxito de las diligencias que serán llevadas a cabo en el marco de la investigación denominada “Silvestre”.
Antecedentes de la intervención fiscal
Una comitiva encabezada por el fiscal Federico Delfino e integrada por personal del Departamento contra el Crimen Organizado de Asunción allanó en la madrugada del domingo 22 de enero la sede de la Comisaría Cuarta de Capitán Bado, donde detuvieron al agente policial Rigoberto René Ramírez Bazán, de 36 años.
Los investigadores sospechaban que el uniformado proveía de armas a una banda de delincuentes que operaba en la zona. Se trata de un grupo criminal encabezado por el prófugo Felipe “Barón Escurra Rodríguez.

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