CIUDAD DEL ESTE. El fiscal Alberto Torres ordenó la detención preventiva de seis agentes del Departamento de Homicidios, Regional Alto Paraná, denunciados por una mujer por un escandaloso caso de privación de libertad y extorsión. Exigieron la suma de US$ 100.000 a una compatriota a cambio de su libertad. El abogado de la víctima también está en la mira de los investigadores.

Los detenidos fueron identificados como la oficial primero Karina Caballero, oficial ayudante Diego Ayala, suboficial mayor Ever Aquino, suboficial mayor Rafael Silvero, suboficial inspector Hugo Báez y suboficial segundo Alfredo Báez. Todos guardan reclusión en la Dirección de Policía del Alto Paraná.

La denuncia fue radicada por una compatriota que llegó recientemente de España donde estuvo radicada durante 22 años. En el país europeo habría cumplido parte de una condena de 7 años de prisión hasta que obtuvo su libertad condicional.
La mujer contó que su calvario comenzó el pasado 3 noviembre luego de ser interceptada por agentes del Departamento de Homicidios, a cargo de la oficial Karina Caballero, cuando estaba al mando del vehículo de su marido en el barrio Remansito de esta ciudad.
Inicialmente, los policías manifestaron a la víctima que el automóvil que conducía estaba denunciado como robado. Seguidamente, la alzaron a una camioneta particular y la llevaron hasta la base policial, en el Área 1.
Extorsión sobre supuesta orden de captura internacional
Allí comenzaron a extorsionar a la víctima, diciéndole que tenía una orden de captura internacional por trata de personas y le pidieron que contacte inmediatamente con su abogado para iniciar las negociaciones para un “acuerdo extrajudicial”.
Apenas llegó el abogado identificado como Abdo Javier Escobar, la mujer fue ingresada a una oficina donde supuestamente la mantuvieron privada de su libertad durante seis horas, exigiéndole la suma de US$ 100.000 por su libertad. “Ahí les dije que me esposen y que me manden a España, que hace 22 años soy nacionalizada española. Ahí sacaron sus armas, me arrodillaron dentro de la oficina, cuando más decíamos que no teníamos dinero, más nos presionaban”, señaló la víctima.

Bajaron sus pretensiones
Luego de varias horas, los policías bajaron sus pretensiones a US$ 10.000 y facilitaron una cuenta bancaria que sería de uno de los policías. Fue así que los familiares que se encuentran en España intentaron realizar la transferencia de dinero, pero la cuenta fue bloqueada por el sistema bancario español al considerarla sospechosa.
Finalmente, la mujer fue liberada con el compromiso de entregar el dinero pactado en un plazo máximo de 24 horas. Sin embargo, al conseguir el desbloqueo de la cuenta, continuaron las advertencias durante los próximos siete días, incluso supuestamente por parte del propio abogado, quien en todo momento habría actuado en connivencia con los policías

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