El ex fiscal Hugo Antonio Vázquez Figueredo, quien en 2015 declaró una fortuna superior a G. 60.000 millones, fingió ser de escasos recursos para recibir la asistencia de la Defensoría Pública en un juicio privado.

Vázquez Figueredo se desempeñó como defensor público entre 2001 y 2009. Luego, se convirtió en fiscal y pasó por varias oficinas de Alto Paraná hasta que en agosto de 2019 renunció al cargo, acorralado por denuncias de supuesto mal desempeño de funciones en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En su declaración jurada de bienes presentada el 4 de octubre de 2013 ante la Contraloría General de la República, el entonces fiscal informó que sus activos ascendían a G. 2.372 millones. Como fuentes de ingresos declaró su salario del Ministerio Público y de su esposa, sueldo como docente en la Universidad Nacional del Este, percepción por alquileres y cobro de intereses por dinero prestado.
Dos años después Vázquez Figueredo declaró una astronómica fortuna superior a G. 60.000 millones. Según la comunicación de bienes de fecha 1 de junio de 2015, el entonces funcionario tenía ahorros de G. 405 millones depositados en dos cuentas bancarias y en tres cuentas abiertas en una cooperativa, préstamos a cobrar por G. 228 millones, una residencia de G. 1.500 millones, vehículos por G. 317 millones y mobiliarios por G. 100 millones. Además, de otros activos por G. 60.062 millones sin especificar precisamente de qué se tratan.

En su último informe de bienes, entregado en 2019 por motivo de renuncia al cargo de fiscal, redujo abismalmente su patrimonio a G. 426.400.000 y ni siquiera declaró una propiedad.

Litiga como pobre

El ex fiscal Vázquez Figueredo se declaró insolvente ante la jueza Delsy Cardozo, quien le concedió el beneficio para litigar sin gastos en un juicio privado mediante la asistencia de la defensora pública Blanca Benítez.
El ex funcionario dijo en el juzgado que se encuentra en la extrema pobreza, que no cuenta con ingresos económicos y que reside en un inquilinato cedido gratuitamente por un familiar. Llamativamente la jueza Cardozo sin mayores trámites le autorizó la asistencia de la Defensoría Pública; la magistrada incluso permite la vulneración de un derecho de rango constitucional de la contraparte desde hace más de un año para favorecer al ex fiscal. Por motivo de reserva legal no podemos brindar detalles del pleito judicial.
Sin embargo, Vázquez Figueredo sigue domiciliado en la residencia de G. 1.500 millones y se moviliza en una camioneta Chevrolet S10, de color gris sun y chapa CFA 745, año 2017, valuado en casi G. 200 millones. El rodado -que figura a nombre de la empresa Alliance Group SA- estaba estacionado esta mañana dentro de la vivienda.
Al ex fiscal igualmente se le atribuye la propiedad de varios edificios de Ciudad del Este escondidos a nombre de testaferros.