Colombia aprueba la cadena perpetua para los violadores de niños
El Congreso colombiano ha aprobado la reforma constitucional que permite la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, un viejo anhelo de los sectores más conservadores que contó con el decidido respaldo del Gobierno de Iván Duque. En medio de un renovado debate, y pese a los reparos de expertos y académicos, el proyecto se impuso el jueves en el Senado, que todavía sesiona de manera virtual por la pandemia del coronavirus, con 77 votos a favor y ninguno en contra. Varios legisladores se ausentaron de la votación definitiva ante una controversia sobre impedimentos que precedió la sesión.
“Colombia tiene un gran motivo de felicidad: hoy el Congreso de la República ha sacado adelante esa gran reforma que esperaban tantas familias, que esperábamos todos nosotros”, celebró casi de inmediato el presidente Duque, en directo, durante su programa diario dedicado en teoría a la crisis sanitaria. El mandatario, que también ha pedido avanzar en que los delitos contra menores sean imprescriptibles, la considera una sanción “ejemplarizante” que envía un mensaje claro: “los derechos de los niños están por encima de los demás”. El Gobierno tendrá un año para presentar un proyecto que reglamente la cadena perpetua en el ordenamiento penal colombiano. Mientras los defensores de la medida invocan la voluntad popular, sus detractores la enmarcan en el llamado populismo punitivo.
El artículo 34 de la carta política prohibía expresamente las penas de destierro, cadena perpetua y confiscación. Ahora pasaría a decir que, de manera excepcional, cuando un niño, niña o adolescente “sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”. Durante los debates legislativos, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, defendió que los casos podrán ser valorados por los jueces y la norma permitirá a los condenados “la posibilidad de tener una revisión a los 25 años de privación efectiva de la libertad”.
El espinoso debate lleva abierto más de una década. Una veintena de intentos por modificar ese artículo de la Constitución, desde el año 2007, naufragaron en el Legislativo. En 2010, la Corte Constitucional tumbó por vicios de trámite un referendo que buscaba establecer esa pena para los violadores de menores, pero no llegó a pronunciarse sobre el fondo del asunto. El tribunal, nacido de la carta política de 1991, se ha forjado la reputación de ser más de avanzada que la propia sociedad en otras discusiones que implican choques de valores, como la eutanasia, el aborto o los derechos de parejas del mismo sexo para casarse o adoptar.
En el frente político, la decisión marca el arranque de una nueva coalición en el Congreso, donde Duque había carecido hasta ahora de mayorías sólidas. El escenario cambió a comienzos de año, cuando concretó la remodelación de su gabinete, dominado por el Centro Democrático. En un gesto de apertura a otros partidos, entregó las carteras de Agricultura, Trabajo y Salud a representantes de los conservadores, la U y Cambio Radical.
Aunque el proyecto fue radicado por congresistas de varios partidos, ha sido una bandera del Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente y senador Álvaro Uribe, y al final contó con votos de los tres partidos que se han estrenado en los ministerios. Más importante aún, fue una promesa de campaña de Duque, quien ha reiterado públicamente su respaldo en varias ocasiones durante los casi dos años que lleva en el poder. El presidente, que arrancó el año sumido en una profunda crisis de popularidad, ha levantado su imagen en los sondeos en medio de la pandemia. Este mes registró una aprobación de 36 por ciento en la medición de la firma Datexco.
A falta de la sanción presidencial, que se da por descontada, se anticipa un intenso debate cuando la ley con toda probabilidad sea demandada, tanto por su accidentado trámite como por su constitucionalidad, ante la Corte Constitucional. La cadena perpetua “implica una profunda alteración del principio de la posibilidad de resocialización de toda persona, que es un pilar de la Constitución”, advierte el jurista Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional. Varios académicos y expertos en política criminal también han señalado que aumentar penas que ya son altas no previene los crímenes ni combate la impunidad que ha sido la regla.
